Incrementan controles vehiculares y piden a conductores a respetar la Ley de Tránsito - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Nacionales

Incrementan controles vehiculares y piden a conductores a respetar la Ley de Tránsito

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Un total de 2 mil 142 esquelas han sido imputas a motociclistas, en Usulután, durante los controles vehiculares instalados en diferentes puntos de ese departamento, con lo cual se busca reducir la accidentabilidad vial.

La jefa de la Sección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), en ese lugar, Sargento Santos Avilés de Melara, durante declaraciones sobre las acciones policiales en la prevención de accidentes, dijo que la mayoría de las esquelas impuestas se debe al irrespeto al reglamento de tránsito.

De acuerdo a la oficial, la mayor parte de estos motociclistas conducen sin la protección de un casco, o invaden el carril derecho y estas serían de las principales causas de las amonestaciones, ante lo cual estas acciones policiales han tenido un incremento, por las festividades de navidad y fin de año.

También el que muchos de ellos circulen sin estar autorizados, o no portar su respectiva licencia, y esto los hace acreedor de una sanción de $57.14, y el decomiso del medio de transporte por no llevar la documentación en regla.

En ese sentido, la Policía iniciará el próximo 10 de diciembre, junto a otras instituciones, el plan Belén”, con controles vehiculares que incluyen la prueba antidoping en lugares como la calle que conduce a la playa El Espino y otras, las cuales los fines de semana se registra aglomeración de personas; y este finalizara el 2 de enero.

La Ley faculta a las autoridades policiales, para que aquellas personas que sobrepasan la ingesta de 100 miligramos de alcohol, deben ser remitidos y si es menor, se les pone la infracción de $57.14.

Así también, por no usar casco o cinturón la multa es de $34.00. La Ley obliga que conductor y acompañante en las motocicletas deban usar cascos.

Judicial

INSÓLITO: Peligroso ladrón de San Salvador vuelve a las calles sin brazalete electrónico

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El Juzgado 4° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Hugo Bladimir Ramírez Clímaco, de 34 años de edad, acusado de robo agravado y resistencia en perjuicio de Diana A. y la administración pública. Mientras que a Glenda Contreras, de 39 años,   la jueza ordenó pasar al 4° de Instrucción con medidas sustitutivas.

De acuerdo con la acusación, el 5 de febrero, agentes policiales se hicieron presentes al distrito número 6 de ésta capital, debido a que les informaron que agentes del CAM se encontraban con una víctima de robo y ésta manifestó que cuando se conducía en el transporte colectivo de la Ruta 41 D, tres sujetos le habían robado su celular y a varias personas.

Además, la víctima les dijo que su celular contaban con un sistema de ubicación y que según ese dispositivo lo ubicaba en el “Bar As de Oro”, situado en la 4ª Avenida Norte, entre 5ª y 3ª Calle Poniente, de esta ciudad.

Al llegar al lugar, la víctima identificó a Ramírez como uno de los participantes en el hecho quien salió del lugar acompañado de Glenda, el sujeto manifestó que era su esposa. Cuando una agente iba a registrar a Glenda, el imputado la amenazó y comenzó a insultarla con palabras soeces. A la mujer le encontraron un celular con las mismas características del celular de la víctima. Por tales motivos fueron detenidos a las 4:40 de la tarde de ese día.

En este proceso el juzgado había autorizado la colocación de un dispositivo electrónico al reo Ramírez, por lo que envió un oficio al Ministerio de Justicia y Seguridad para que realizaran el estudio de la viabilidad.

Sin embargo el Ministerio no envió la respuesta sobre la factibilidad de aplicación del dispositivo al reo, por lo que el juzgado revocó dicha medida con base al Artículo 13 de la Constitución, el cual plantea los plazos improrrogables en cuanto a la detención; es decir que si se esperaba el estudio, el juzgado iba a incurrir en una inconstitucionalidad al violarle los derechos al procesado.

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Nacionales

DESALOJO INMINENTE: Asamblea tiene 60 días para desalojar edificio

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El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, informó hoy que el Ministerio de Trabajo ha dado un plazo de 60 días para desalojar el edificio de la Asamblea Legislativa debido a los daños que presenta la infraestructura, que, según la última evaluación realizada ayer en las columnas de sostén del cuarto y quinto piso, “han aumentado” y son severos, indicó.

“El Departamento de Salud Ocupacional me ha dado un número, me dice que acá laboran 1,186 hombres y 780 mujeres y que debo aliviar esta carga. Yo no puedo sacar a la fuerza a los trabajadores, están cumpliendo sus funciones legislativas. De hecho, ya no quieren ingresar, también muchos de ellos, hay personas que están padeciendo de nervios y se les está dando atención psicológica”, señaló hoy Quijano.

Por esta situación, ha hecho un llamado al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, para que interceda en la situación y brinde un espacio seguro para los empleados legislativos. Quijano reitera la propuesta que ya se había barajeado anteriormente de ceder el edificio de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) o las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

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Judicial

ÚLTIMA HORA: Corte Suprema rechaza demanda contra elección del Fiscal General

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Foto El Mundo Sv

La Sala de lo Constitucional declaró improcedente una de las demandas presentadas contra la elección de Raúl Melara.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda contra la elección de Raúl Melara como Fiscal General de la República presentada por Óscar Oswaldo Campos Molina y José Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), y argumentó que fue por no cumplir los requisitos para su admisión y carecía de los elementos procesales mínimos y necesarios para “habilitar un análisis de fondo”.

“Tenía un carácter estrictamente subjetivo, pues se limita a a exponer alegatos sin presentar ningún elemento indiciario ni los parámetros de control correctos para sostener que el proceso de selección (de Melara), su resultado o el dictamen respectivo tuvieran las deficiencias alegadas”, sostuvieron los magistrados.

En la demanda se argumentaba que no se había constatado la moralidad y la competencia notorias del abogado Melara Morán, ya que en el dictamen de selección no existía ningún argumento que indicara que se analizó la documentación de todos los candidatos a fin de ponerar los perfiles.

También planteaban los demandantes que no fue comprobada la idoneidad para el cargo de Melara, pues su hoja de vida no reflejaba experiencia en el ámbito penal o procesal penal, y que los mismos informes de diversas instituciones del sector público no acreditaban su competencia notoria.

Pero además argumentaron que Melara trabajó como funcionario en gobierno del partido político de un excandidato a la Presidencia y que fue asesor legal de este.

La Sala de lo Constitucional dice que esta es la primera de las demandas contra la elección de Melara que evacua, que las otras que han sido presentadas siguen en estudio.

Melara fue elegido el 20 de diciembre de 2018 como Fiscal General de la República para el período de tres años, el cual inició el pasado 6 de enero de 2019, y que concluye el 5 de enero de 2022.

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