FGR: Mauricio Funes pagaba miles de dólares mensualmente a Luis Martínez para que no lo investigara por caso Tregua y Chaparral - Diario Digital Cronio de El Salvador
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FGR: Mauricio Funes pagaba miles de dólares mensualmente a Luis Martínez para que no lo investigara por caso Tregua y Chaparral

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El expresidente de la República, Mauricio Funes, habría pagado por protección al exfiscal general Luis Martínez para que no lo investigara y lo involucrara en el caso Tregua y Chaparral, asegura la última investigación fiscal que ha dejado ya 13 capturados. 

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Funes pagó dádivas a Martínez para que este no lo investigara en casos de corrupción que habría realizado durante su mandato como presidente. Asimismo, le pedía que le avisara si habían investigaciones en su contra. 

La investigación señala que el exmandatario le entregaba mensualmente montos que iban entre $10,000 y $20,000. Asimismo, le daba dinero cada vez que Martínez le hacía la solicitud.

Asimismo, el jefe la unidad de delitos de lavado de dinero, Jorge Cortez, informó que Funes le proporcionó tres vehículos al exfiscal Martínez.

“Eso permitió que el caso de El Chaparral que estaba siendo investigado en la unidad especializada de delitos de corrupción no tuviese el avance que se hubiera esperado y hasta este momento no se tengan avances”, dijo Cortez. 

La investigación fiscal señala que Funes pagó $12,000  cuando uno de sus hijos tuvo un percanse y con ello logró impunidad.

NOTA DE EL SALVADOR TIMES

 

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Pandilleros saquean casa de una familia que se negó a entregar extorsión de $4,000

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Un grupo de pandilleros le quitó a una familia sus pertenencias para exigirles el pago de una extorsión de $4,000 a cambio de no atentar contra su vida en una colonia popular de San Salvador.

Antonia y Mario (nombres modificados por seguridad) vivían en una zona acechada por pandillas y a pesar de esto habían logrado hacerse de electrodomésticos que les facilitaban la vida.

Los problemas para la pareja comenzaron el 9 de octubre del 2018, al filo de las 4:30 p.m., la mujer fue amenazada por tres sujetos que aprovecharon que su pareja se encontraba trabajando para amenazarla.

Desde la entrada de la puerta, los delincuentes exigieron hablar con Mario pero al no encontrarlo en casa le ordenaron a Antonia que le hablara para poder exigirle $4,000 a cambio de perdonarle la vida a él y su familia.

Vía telefónica, Mario les explicó que no tenía el dinero solicitado, esto seguido de una súplica para que no cumplieran con su amenaza. Los delincuentes colgaron y decidieron llevarse todos los artículos de valor que encontraron en la casa.

Los delincuentes se llevaron desde una laptop hasta un horno microonda y le señalaron a Antonia que esto serviría como garantía del pago que les debían de hacer.

La denuncia pese a las amenazas

Pese a las amenazas, el matrimonio se armó de valor e interpusieron la denuncia con la que en horas de la noche de ese mismo día se detuvo a Luis V., de 22 años, alias “Sky-king”, quien se desempeñaba como cobrador de una ruta de microbuses; José P., empleado de un  car wash y Martín S., alias “Doopy”.

Según el expediente judicial, luego de las amenazas os tres señalados se llevaron de la vivienda una computadora portátil, un equipo de sonido “de última generación”, un horno microonda, un reproductor de DVD y $500 en efectivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó el caso hasta el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el cual instaló el juicio en contra de los imputados el pasado 8 de enero.

La defensa argumentó que sus clientes eran inocentes ya que dos de ellos estaban en sus jornadas laborales y que el otro estaba incapacitado con una bota de yeso que le imposibilitaba moverse.

Luego de varias horas dentro de la sala de audiencias, la Fiscalía solicitó el aplazamiento de la audiencia ya que la víctima no había sido localizada, el juez del tribunal aceptó la petición y quedó pendiente de conocerse la fecha de la reprogramación.

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A juicio empleada de la  PNC acusada de cobrar por limpiar  solvencias de antecedentes

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El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador  ordenó auto de apertura a juicio contra  Reina Isabel Acosta, por los delitos de  cohecho propio y falsedad documental agravada con la modalidad del delito de falsedad material y sobreseyó provisionalmente por no acreditar suficientes elementos de prueba, al abogado  Edgardo Antonio Molina Morales por  cohecho activo y estafa.

Reina Isabel Acosta

Para el juez Rigoberto Chicas  hay probabilidad positiva que la imputada  realizó   actividades impropias de sus funciones,  ella debió   respetar su funciones como servidora pública.

El juzgador también envió a juicio a Rolando Elías Julián Belloso, por tenencia, portación o conducción irresponsable de armas de fuego, la Fiscalía lo acusó de tenencia de armas de guerra, pero según el resultado de un peritaje  de funcionamiento  a las tres armas  se corroboró que el mecanismo de disparo no es automático y que al parecer fueron utilizados en la época de la guerra civil, por lo tanto  no se pudo acreditar que son armas de guerra, sostuvo el juzgador.

Según la acusación fiscal, la  imputada  laboraba  en el Departamento Jurídico de la Oficina de Solvencias de la PNC  y que supuestamente cobraba  a cambio de limpiar los antecedentes penales de las solvencias.

La  investigación surgió  a raíz  de denuncia de una víctima con régimen de protección quien relató  que en noviembre del año 2016 sacó una solvencia de antecedentes penales en la cual le aparecía un delito el cual ya había cumplido la pena. Por tal motivo el 15 de noviembre de ese año presuntamente se contactó con el abogado Molina quien le cobró 600 dólares para borrarle  permanentemente los antecedentes.

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A JUICIO – Desde  2011 se le adjudicaban más del 87 % los contratos del Laboratorio Genético de Medicina Legal a DIPROLAB

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El Tribunal 2° de Sentencia continúo la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa  y  Josefina Morales de Monterrosa acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de Morales,  Sindi Berenice García de Portillo  por falsedad ideológica.

 Uno de los testigos de cargo, quien fue una de las dos personas que elaboraron un peritaje manifestó que según documentación proporcionada desde el 2011 al 2016 Diprolab obtuvo entre el 87% al 100% de las compras directos, de los productos distribuidos por ésta.

Asimismo, manifestó que según el Art. 26 de la (LACAP) “no podrán participar como ofertantes: c) El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior, así como las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales… por lo tanto la señora García de Portillo no podía ofertar”, acotó.

Para mañana se prevé que declaren los testigos de la defensa de los acusados, entre los cuales se encuentra el ex Director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña.

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