Judicial
Detención contra imputados relacionados a ex fiscal Sergio Melgar acusados de uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, estafa agravada y agrupaciones ilícitas
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Sandra Yanira Acosta Castillo, de 26 años de edad; Susana Beatriz Alarcón, de 29 años; y, Walter Reyneris González Contreras, de 34 años, acusados de uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, estafa agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe y la paz pública, subsidiariamente en perjuicio de varias personas y dos sociedades.
Según el ministerio público fiscal estas personas junto a tres imputados ausentes forman parte de una estructura delictiva, donde está involucrado el ex fiscal Sergio Melar; dicha estructura se dedicaban a localizar inmuebles de gran plusvalía, sacaban información de sus propietarios y posteriormente realizaban la compraventa de esos inmuebles, utilizando hojas de protocolo y el sello de notario falsos, así como la firma del otorgante (vendedor) y la firma del notario.
En el requerimiento detallan cuatro casos, la denuncia del primero fue interpuesta el 9 de enero del año 2018. Una de las víctimas se enteró que habían hecho cambios a su inmueble (el cual no lo tenía habitado), y al preguntar al Registro de Propiedad le informaron que había presentado, para la inscripción, una escritura de compraventa del inmueble de fecha 5 de agosto de 2010 a favor de la imputada Sandra Acosta por un valor de 7 mil dólares. Pero víctima manifestó que nunca había vendido el inmueble y que éste además está valorado en 400 mil dólares.
La misma escritura fue presentada el 13 de diciembre de 2017 al Registro de Propiedad de la Primera Sección del Centro por la imputada Susana Alarcón, pero fue observada. Y en enero de 2018 Sandra solicitó al Registro de Propiedad Raíz e Hipoteca el retiro de la compraventa.
En el segundo caso, el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca notificó al representante legal, de otra víctima, que dos inmuebles presentaban observaciones de una compraventa realizada el 5 de febrero del año 2018, a favor de Sandra por la cantidad de 25 mil dólares. Y como el propietario no había realizado dicha venta se interpuso la denuncia el 22 de marzo de 2018.
El tercer caso, el apoderado de otra víctima fue al Centro Nacional de Registro con la finalidad de verificar que los inmuebles de su representado estuvieran libres de gravamen, y se enteró que dos compraventas (las cuales no habían realizado) presentaban observaciones e interpusieron la denuncia el 23 de mayo de 2018. Y el cuatro caso es por la compraventa (falsa) de tres inmuebles vendidos por un monto de 28 mil 500 dólares cada uno.
Las imputadas ya habían sido presentadas al Juzgado 2° de Paz por otro caso en donde se les acusaba de falsedad ideológica y uso y tenencia de documentos falsos. El imputado también lleva otro proceso en el Juzgado 4° de Paz por el delito de uso y tenencia de documentos falsos.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
