Dice @RevistaFactum que el objetivo era conseguir ilegalmente el ROS para afectar al ex Presidente Flores. El ROS no fue obtenido en forma ilegal y lo que acaba incriminando a Flores fue el recorrido de los fondos Taiwán en el sistema financiero. El ROS solo fue un referente
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CASO ROS – Acusan a expresidente Funes, un ex fiscal y un periodista por revelar información que llevó a Francisco Flores a los tribunales
La FGR presentara requerimiento ante los juzgados y de llegar a ser condenados podrían ser sancionados de cuatro a seis años de prisión.
El expresidente de la República, Mauricio Funes, y otros dos fueron acusado por revelar el reporte que Estados Unidos emitió sobre el expresidente Francisco Flores y que lo llevó a los tribunales acusado de extraer las donaciones provenientes de Taiwán.
Según la documentación entragada al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Funes junto a Diego Balmore Escobar Portillo y Lafitte Fernández Rojas, son señalados por la revelación del Reporte de Operaciones Sospechas (ROS) que dio inicio a un proceso judicial en contra de Flores.
El ROS fue el documento con el cual Funes se valió para señalar irregularidades de la administración Flores, algo que lo hizo llegar hasta la Asamblea Legislativa en donde se creó una comisión especial para evaluar el desvío de la donación de $10 millones.
FGR presentó requerimiento en Juzgado 5o de Paz de SS., contra Mauricio Funes, Diego Escobar y Lafitte Fernández, por la divulgación del ROS. Declaraciones del fiscal del caso. pic.twitter.com/VhFUch9ylK
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 4 de enero de 2019
La presión política y mediática provocó que el arenero aceptara que dicho monto fue recibido, algo que le valió para permanecer detenido hasta su muerte en febrero de 2016 sin ser condenado.
A Funes, Escobar Portillo y Fernández Rojas se les atribuyen los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, según la Fiscalía General de la República (FGR), podrían ser sancionados con cuatro a seis años de prisión.
En febrero de 2015, Funes colocó un tuit donde respondía las razones por las cuales había hecho público el informe «para destapar la forma cómo gobiernos de ARENA se apropiaban de fondos públicos y los trasladaban a bolsillos privados», señaló. La acción fue aplaudida por sus seguidos, uno de ellos el político, Walter Araujo, quien ahora es uno de sus principales detractores.
A finales de 2018, la revista Factum reveló una serie de audios que marcaban una reunión entre Funes, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, su hermano, Herbert Saca y el empresario, Miguel Menéndez, para exponer juridicamente a Flores.
Según este medio el ROS fue obtenido de manera ilegal pero Funes, desde su cuenta de Twitter, señaló el 19 de diciembre que este había sido conseguido de forma legitima «que acaba incriminando a Flores fue el recorrido de los fondos Taiwán en el sistema financiero. El ROS solo fue un referente», dijo.
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Autoridades piden seis años de cárcel para diputado desaforado Erick García
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
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Exdiputado del FMLN y familia enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
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FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.