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Internacionales

FOTOS + 18 AÑOS: Un general, otros tres militares y dos policías fueron asesinados en una emboscada en Venezuela

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Jackson Silva Zapata, general de la Guardia Nacional Bolivariana, lideró esta madrugada un operativo conformado por 25 militares y cinco policías en La Guacamaya, en el municipio Zamora del estado de Aragua. Fue en respuesta a un presunto «atentado terrorista» registrado en una hacienda.

No se había registrado heridos, pero la misión de los uniformados era inspeccionar la zona en busca de los responsables. No encontraron nada fuera de lugar, pero al emprender el regreso fueron emboscados por grupo armado cuya identidad no fue revelada.

El cuerpo del general Jackson Silva Zapata
El cuerpo del general Jackson Silva Zapata

Silva Zapata, otros tres militares y dos policías fueron asesinados en el ataque, según un parte de la Policía de Aragua, difundido por El Universal. Los guardias nacionales fueron identificados como el sargento primero Robert León Castellano, el sargento segundo Ángel Brito y el cabo primero Robinson Vizcaya Sojo. Los agentes eran el oficial jefe Bruno Benavides y el oficial jefe Jesús Arraiz.

«Al retornar fueron interceptados por sujetos fuertemente armados aún por identificar, quienes sin mediar palabras y aprovechándose del relieve de la zona dispararon en contra la comisión.

Se originó un intercambio de disparos volcándose una unidad y dejando a cuatro funcionarios castrenses y dos funcionarios policiales sin signos vitales en el hecho, mientras que fueron trasladados dos funcionarios policiales y dos funcionarios castrenses lesionados a las instalaciones del hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas en la ciudad de Maracay», sostiene el parte policial.

El mayor Bitriago Jauristi, uno de los heridos, se encuentra en estado crítico por una lesión hipogástrica. «Está siendo intervenido quirúrgicamente y su condición de salud es delicada», reveló la fuerza.

El teniente Soler Hernández está estable. También están fuera de peligro el supervisor Manuel Balsa y el oficial Oswaldo Oviedo.

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Por el momento, ningún funcionario de gobierno se ha referido a lo ocurrido.

Presencia de grupos armados

Múltiples organizaciones armadas tienen presencia en Venezuela. La gran mayoría están políticamente alineadas con el régimen de Nicolás Maduro y actúan en el oeste y en el sudoeste del país, en torno a la frontera con Colombia.

Amenazas del ELN a la marcha del 1 de mayo en Venezuela
Amenazas del ELN a la marcha del 1 de mayo en Venezuela

Días atrás, 12 viviendas del municipio Junín, del estado Táchira, amanecieron marcadas con «+ ELN» y un panfleto del Ejército de Liberación Nacional, de origen colombiano. No hacía falta mayor explicación. Era una amenaza de muerte contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote, con la advertencia de que ellos y sus familias estaban sentenciados si acudían al llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de salir a marchar el 1 de mayo.

Desde 2014, cuando las protestas opositoras en Venezuela incluyeron trancas de vías, quema de cauchos, fuertes enfrentamientos con la Guardia Nacional e incluso muertos y heridos, la región del país que mayor éxito tuvo con esas manifestaciones fue la población fronteriza del Táchira, cuya capital está a unos 800 kilómetros de Caracas. Desde entonces, los habitantes de esa región andina, a quienes llaman Gochos, se convirtieron en la referencia más fuerte de la resistencia.

De Rubio, la capital del municipio, es la actual gobernadora del estado, Laidy Gómez. Una de las diputadas de la Asamblea Constituyente, María Gabriela Vega, también lo es. También es la tierra del fallecido y dos veces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Ahí nació Leonardo Ruiz Pineda, uno de los líderes más destacados contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Hubo pintadas del ELN
Hubo pintadas del ELN

El diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, es uno de los parlamentarios más frontales contra el Gobierno y está en la lista de los amenazados. Es de Rubio.

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Las marcas del ELN llegaron a la iglesia Santa Lucía, en el sector Santa Bárbara de Rubio, contra el sacerdote Richard García. El 23 de febrero, logró llegar a la Aduana en San Antonio del Táchira, tratando de acercarse al puente Internacional Simón Bolívar, con la sotana llena de perdigones luego de que en la alcabala Las Dantas, en la vía Rubio-San Antonio, el grupo que acompañaba fuera interceptado por una comisión de militares al mando del capitán Palacios Crespo, quienes inútilmente intentaron cerrarles el paso.

Los otros amenazados fueron Mariela Betancourt, una profesora y activista en defensa de los derechos de los ciudadanos, del Frente Amplio y del partido Acción Democrática; Jacson Carrillo, quien fue candidato de la oposición en las pasadas elecciones municipales, dirigente de Copei y es profesor; Osmey Correa es el prefecto del municipio y profesor universitario; Francisco Gamboa, quien ha sido dirigente de la oposición, ex director de la alcaldía, ingeniero, profesor de la Universidad Experimental del Táchira y coordinador municipal de Primero Justicia; Ana Velazco, reconocida líder de Voluntad Popular y profesora; Grey Hernández, un destacado activista político y profesor universitario; Valentín Durán, docente y dirigente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) y directivo del Frente Amplio; Danny Carrillo, quien se destacó desde que asumió la concejalía, Josué Córdoba, un dirigente de Copei, bastante persistente en las protestas. Y a quien identifican en el panfleto como «Izaac resistencia», quien es un dirigente de la juventud.

La amenaza de muerte es contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote del municipio de Junín, del estado Táchira
La amenaza de muerte es contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote del municipio de Junín, del estado Táchira

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Colapso del puente de Baltimore podría generar el mayor pago de un seguro marítimo

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«Se percibe como una pérdida muy sustancial, potencialmente la mayor pérdida marítima jamás asegurada, aunque no por fuera de los parámetros que planeamos», dijo a la cadena CNBC el principal ejecutivo de la compañía, Bruce Carnegie-Brown.

«Estamos empezando a desplegar recursos anticipando que se trate de un reclamo muy sustancial para la industria», añadió.

Se cree que seis obreros murieron en el incidente en el puente Francis Scott Key, que ocurrió en las primeras horas del martes.

La interrupción del tráfico de buques en el puerto de Baltimore podría causar efectos económicos en cadena, más que nada a nivel local, según advierten expertos.

Baltimore es el mayor puerto de manipulación de vehículos del país. Allí se transportan automóviles y equipos agrícolas pesados, según el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Por el puerto pasan diariamente mercancías con valor de entre 100 y 200 millones de dólares.

Carnegie-Brown dijo a CNBC que también habría reclamaciones por el barco, la carga y el puente, pero son los «impactos de segundo orden» los que se volverían sustanciales y «tardarán algún tiempo en resolverse».

Un grupo de trabajo del gobierno de Estados Unidos que evalúa las interrupciones de la cadena de suministro se reunió el miércoles para discutir los posibles impactos en las cadenas de suministro regionales y nacionales, tras el colapso del puente, según un comunicado de la Casa Blanca.

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Motín carcelario deja un muerto y cuatro heridos en Ecuador

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«Hasta este momento (…) la situación informada es precisamente ésta: cuatro heridos, un fallecido», dijo el viceministro de Seguridad, Lyonel Calderón, al canal Teleamazonas, sin precisar si entre las víctimas hay efectivos estatales.

«Tenemos que esperar que concluya la revisión completa de todo el centro penitenciario», agregó, lo cual incluye «un control de armas, municiones y explosivos» y un balance de los resultados del operativo.

Calderón insistió en que «la situación está completamente controlada» en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste), de la cual escapó Adolfo ‘Fito’ Macías, líder de la organización Los Choneros, una de las principales del país.

Su fuga detectada a inicios de enero desató una guerra entre narcotraficantes y el Estado que dejó una veintena de muertos y llevó al gobierno a decretar el estado de excepción, extendido hasta abril, además de militarizar las cárceles y las calles.

«Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4», había indicado el presidente Daniel Noboa en la red X la noche del miércoles, destacando que se evitó «una posible escalada».

«Intentos desestabilizadores»

Periodistas de la AFP constataron disparos y fuego al interior de la Regional, una de las cuatro prisiones que conforman un gran complejo penitenciario de Guayaquil que ha sido escenario de matanzas entre reos de grupos rivales.

Los cruentos enfrentamientos, que han llegado a durar varios días, dejan más de 460 muertos desde 2021 en masacres que ya son las peores de Latinoamérica.

Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta Noboa desde que asumió el poder, en noviembre.

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Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 21 de abril para resolver en referendo y consulta popular medidas para afrontar la situación: si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción, autorizar la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y aumentar las penas para el terrorismo y narcotráfico.

Calderón sostuvo que los incidentes «son intentos desestabilizadores del estado de derecho, de la democracia porque estamos en vísperas de una consulta popular que quiere resolver los problemas de seguridad».

Tras la fuga de «Fito», quien desde 2011 cumplía una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, las bandas criminales protagonizaron en enero una violenta arremetida con saldo de una veintena de muertos, ataques a la prensa, explosiones y más de 200 secuestros temporales en cárceles y calles.

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El papa lava los pies a 12 mujeres en una prisión de Roma

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El papa Francisco, sensible al universo carcelario, lavó el jueves los pies de 12 mujeres detenidas en una prisión de Roma, un rito que marca el jueves antes de la Pascua.

El jesuita argentino visitó a media tarde la cárcel de mujeres de Rebibbia, en la periferia noreste de la capital italiana.

Ya había realizado este rito en 2015, pero es la primera vez que lo consagra solo a mujeres.

Sentado en una silla de ruedas, Jorge Bergoglio lavó los pies de cada una de las 12 reclusas, algunas de ellas llorando, antes de limpiarlas con una toalla y besarlas.

El papa de 87 años apareció en buen estado a pesar de que su salud había sido motivo de preocupación en los últimos días, debido a las repetidas infecciones que le han impedido leer sus discursos en varias ocasiones.

«Todos conocemos grandes y pequeños fracasos», lanzó el papa Francisco en una homilía improvisada durante la misa celebrada en el patio de este centro de detención, donde están encarceladas unas 370 mujeres.

El papa Francisco, que ya visitaba a presos en Buenos Aires, destacó que el lavatorio de los pies «es un gesto que nos llama a servir a los demás».

En la tradición cristiana, el Jueves Santo conmemora el día en que Cristo lava los pies a los apóstoles en su Última Cena.

El ritual fue perpetuado en el cristianismo, excepto en algunas ramas del protestantismo.

Desde su elección en 2013, el jefe de la Iglesia católica ha visitado en varias ocasiones cárceles o centros de acogida para refugiados, lavando los pies a exmafiosos, enfermos o marginados.

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El viernes por la noche debería presidir el «Vía Crucis» en el Coliseo, al que no había podido asistir en 2023 por razones de salud.

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