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Internacionales

FOTOS + 18 AÑOS: El temible mensaje que dejaron asesinos junto al cadáver de un vendedor de droga

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Un hombre fue ejecutado en Veracruz, México por sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando salía de un taxi.

El occiso, identificado como José Ángel Pacheco Bustamante, alías “El Fabiruchis”, tenía 24 años, quién recientemente había salido de prisión.

Se desconoce cuándo exactamente el hombre fue liberado de la cárcel. El reporte de Noticiero Sureste indicó además que su cuñado fue acribillado en un Hospital de Minatitlán, aunque tampoco se precisó la fecha ni las circunstancias.

El citado municipio fue escenario de una masacre el 19 de abril pasado en donde fueron asesinadas 14 personas, incluyendo un bebé de 1 año, esto como resultado de supuestas riñas entre los del CJNG  y Los Zetas.

El ataque se reportó en la carretera Transístmica, en el barrio Cuarto, de Cosoleacaque.

“El Fabiruchis” descendía del automóvil Nissan Tsuru, color blanco y rojo, marcado con el número 4 en su modalidad de taxi, cuando desconocidos le dispararon en múltiples ocasiones.

Un mensaje en un cartulina dejado cerca del cadáver indica: “Esto le va a pasar a todo aquel que ande vendiendo cristal que no sea del cartel de Jalisco Atte comandante Pardo CJNG”.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO.

Pacheco Bustamante, quien residía en el zona de Lomas de San Agustín, tenía antecedentes penales por múltiples delitos.

El cuñado era un limpiaparabrisas que fue herido a balazos en la ciudad de Minatitlán hace unos meses, y, posteriormente, ultimado por sicarios en el Hospital General.

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VIDEOS – FOTOS | El secuestro y asesinato de una niña de 8 años conmociona a México

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Autoridades del municipio mexicano de Taxco, en el estado de Guerrero, confirmaron este jueves la detención de dos hombres y de una mujer acusados de haber secuestrado y asesinado a una niña de 8 años.

Según el relato de los familiares, la menor, de nombre Camila, le había pedido permiso a su mamá para ir a jugar con una vecina a eso de las 13.00, hora local, pero a las 16.00, cuando la mujer llamó a la vecina para preguntar por su hija, esta le aseguró que nunca había llegado a su destino, recoge El Universal.

Poco después, la mujer empezó a recibir llamadas exigiéndole el pago de 250.000 pesos (unos 15.000 dólares) a cambio de la libertad de su hija, mientras que una vecina le mostró un video en el que se veía a Camila llegar al sitio donde se supone que había ido a jugar.

Tras estos acontecimientos, se interpuso una denuncia por su desaparición y se desplegó un operativo de búsqueda que concluyó horas más tarde, con el hallazgo de su cuerpo.

El video de los sospechosos
Cámaras de seguridad captaron a la vecina, que negó que la niña estuviera en su casa, mientras transportaba un cesto de ropa hacia un vehículo aparcado en una calle cercana, donde rápidamente fue alcanzada por un hombre que llevaba una bolsa negra en los hombros, presumiblemente con el cadáver de Camila, que guardó en la maleta del automóvil. Después, ambos se marcharon del lugar con rumbo desconocido.

El audiovisual circuló rápidamente a través de las redes sociales y ocasionó que los vecinos rodearan la casa de los sospechosos para evitar su huida, trancaran la vía exigiendo justicia y atacaran algunos vehículos estacionados en las inmediaciones del predio que, presuntamente, pertenecían a familiares de los sospechosos.

Del mismo modo, la multitud enardecida sacó de la vivienda a los sospechosos y los agredió, en un intento de linchamiento que ameritó la intervención de la Policía. Después de la brutal paliza, la mujer, responsabilizada por la turba del secuestro y asesinato de la menor, murió cuando la trasladaban al hospital. Los otros dos jóvenes contra los que cargaron los residentes y que supuestamente eran sus hijos fueron llevados por agentes y militares.

https://twitter.com/porktendencia/status/1773461936274829448
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Colapso del puente de Baltimore podría generar el mayor pago de un seguro marítimo

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«Se percibe como una pérdida muy sustancial, potencialmente la mayor pérdida marítima jamás asegurada, aunque no por fuera de los parámetros que planeamos», dijo a la cadena CNBC el principal ejecutivo de la compañía, Bruce Carnegie-Brown.

«Estamos empezando a desplegar recursos anticipando que se trate de un reclamo muy sustancial para la industria», añadió.

Se cree que seis obreros murieron en el incidente en el puente Francis Scott Key, que ocurrió en las primeras horas del martes.

La interrupción del tráfico de buques en el puerto de Baltimore podría causar efectos económicos en cadena, más que nada a nivel local, según advierten expertos.

Baltimore es el mayor puerto de manipulación de vehículos del país. Allí se transportan automóviles y equipos agrícolas pesados, según el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Por el puerto pasan diariamente mercancías con valor de entre 100 y 200 millones de dólares.

Carnegie-Brown dijo a CNBC que también habría reclamaciones por el barco, la carga y el puente, pero son los «impactos de segundo orden» los que se volverían sustanciales y «tardarán algún tiempo en resolverse».

Un grupo de trabajo del gobierno de Estados Unidos que evalúa las interrupciones de la cadena de suministro se reunió el miércoles para discutir los posibles impactos en las cadenas de suministro regionales y nacionales, tras el colapso del puente, según un comunicado de la Casa Blanca.

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Motín carcelario deja un muerto y cuatro heridos en Ecuador

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«Hasta este momento (…) la situación informada es precisamente ésta: cuatro heridos, un fallecido», dijo el viceministro de Seguridad, Lyonel Calderón, al canal Teleamazonas, sin precisar si entre las víctimas hay efectivos estatales.

«Tenemos que esperar que concluya la revisión completa de todo el centro penitenciario», agregó, lo cual incluye «un control de armas, municiones y explosivos» y un balance de los resultados del operativo.

Calderón insistió en que «la situación está completamente controlada» en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste), de la cual escapó Adolfo ‘Fito’ Macías, líder de la organización Los Choneros, una de las principales del país.

Su fuga detectada a inicios de enero desató una guerra entre narcotraficantes y el Estado que dejó una veintena de muertos y llevó al gobierno a decretar el estado de excepción, extendido hasta abril, además de militarizar las cárceles y las calles.

«Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4», había indicado el presidente Daniel Noboa en la red X la noche del miércoles, destacando que se evitó «una posible escalada».

«Intentos desestabilizadores»

Periodistas de la AFP constataron disparos y fuego al interior de la Regional, una de las cuatro prisiones que conforman un gran complejo penitenciario de Guayaquil que ha sido escenario de matanzas entre reos de grupos rivales.

Los cruentos enfrentamientos, que han llegado a durar varios días, dejan más de 460 muertos desde 2021 en masacres que ya son las peores de Latinoamérica.

Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta Noboa desde que asumió el poder, en noviembre.

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Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 21 de abril para resolver en referendo y consulta popular medidas para afrontar la situación: si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción, autorizar la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y aumentar las penas para el terrorismo y narcotráfico.

Calderón sostuvo que los incidentes «son intentos desestabilizadores del estado de derecho, de la democracia porque estamos en vísperas de una consulta popular que quiere resolver los problemas de seguridad».

Tras la fuga de «Fito», quien desde 2011 cumplía una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, las bandas criminales protagonizaron en enero una violenta arremetida con saldo de una veintena de muertos, ataques a la prensa, explosiones y más de 200 secuestros temporales en cárceles y calles.

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