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EE.UU. negará “green cards” a migrantes que se vuelven una “carga pública”
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer el reglamento de “carga pública” que complicará a inmigrantes la obtención de la Residencia Permanente y otro tipo de visas a partir del 15 de octubre, 60 días depués de su publicación.
La regla de 837 páginas se aplica a aquellos que buscan llegar o permanecer en los Estados Unidos a través de canales legales, considerando su posible riesgo para las finanzas del Gobierno federal, ya que la administración del presidente Donald Trump busca que todos los inmigrantes demuestren que pueden ser autosuficientes económicamente, indicó en conferencia de prensa, Ken Cuccinelli, director interino de la agencia.
“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significativa y que los que están sujetos a ella sean autosuficientes”, dijo Cuccinelli.
El documento señala que los extranjeros que podrían ser afectados son aquellos que solicitan beneficios monetarios o en especia durante más de 12 meses durante un periodo de 36 meses. En conferencia de prensa telefónica, una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que dos beneficios aplicados en un mes representarán dos meses a contar en contra del inmigrante que aplique por cambios de estatus.
A pesar de que el Gobierno estima importantes ahorros al implementar la medida, a funcionaria dijo que no hay un estimado de cuánta gente será afectada por esta regla, pero a pregunta expresa de este diario, USCIS reconoció según propios datos oficiales aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos (23% de todos los no ciudadanos) recibieron beneficios de al menos uno de los programas que se integran.
La agencia acotó que la población anual que sería sometida a esta normativa se estima en más de 380,000 extranjeros que solicitan un cambio de estatus.
“Dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del Gobierno federal a las personas que pueden optar por darse de baja o renunciar a la inscripción a un programa”, reconoce la Administración Trump, que estima ahorros de $2.47 mil millones de dólares anuales, cantidad que en 10 años sería de aproximadamente $21,000 millones de dólares considerando una tasa de descuento del tres por ciento, aunque la autoridad indica que no hay reducciones adicionales que no puede calcular.
La regla, que se publicará el oficialmente el próximo miércoles, modifica regulaciones del DHS para determinar si un extranjero que solicita admisión al país o una “green card” es inadmisible en el país bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), bajo el argumento de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
“La regla final también aborda la autoridad del USCIS para emitir bonos de carga pública bajo la sección 213 de la Ley en el contexto de las solicitudes de ajuste de estado”, acota el documento.
Es decir, se pedirá a los extranjeros que buscan extender su estadía en el país o cambiar su estatus que no han aplicado a beneficios públicos de acuerdo a la nueva regla, además de precisar que los beneficios públicos no deben ser “un incentivo” para migrar a los Estados Unidos.
“La carga pública es motivo de inadmisibilidad”, se indica. “Esta regla no se aplica a ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la inadmisibilidad por carga pública”.
Agrega disposiciones especiales para casos de miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias y el acceso a Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas o hasta 60 días después de dar a luz, así como ciertos servicios financiados por Medicaid bajo el
“Esta regla final también aclara que el DHS solo considerará los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero (solicitante) para su beneficio propio o donde el extranjero es un beneficiario”, agrega. “No (se) considerarán los beneficios públicos recibidos en nombre de otro”.
La dispocisión también precisa una consideración especial para inmigrantes que son víctimas del crimen o ayudaron a resolver un delito y llevar a prisión a los culpables, es decir, aquellos que podrían obtener visas U o T, así como casos de asilo y refugiados, así como víctimas de violencia doméstica.
En un comunicado, el director interino Cuccinelli defendió la nueva disposición, al considerar que es parte de la INA, pero no tenía una definición clara.
“Durante más de un siglo, el motivo de inadmisibilidad de la carga pública ha sido parte de las leyes de inmigración de nuestra nación. El presidente Trump ha cumplido su promesa al pueblo estadounidense de aplicar la ley de inmigración al definir el motivo de inadmisibilidad de la carga pública que ha estado en los libros durante años”, expuso Kuccinelli. “La autosuficiencia ha sido un principio fundamental del sueño americano. La autosuficiencia, la laboriosidad y la perseverancia sentaron las bases de nuestra nación y desde entonces han definido a generaciones de inmigrantes trabajadores que buscan oportunidades en los Estados Unidos”.
Un hombre debió escapar con su bebé en brazos después de que un grupo de delincuentes le robara su vehículo en las calles de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en Argentina.
La secuencia, ocurrida el miércoles por la noche, quedó registrada por las cámaras de seguridad, instaladas por los propios vecinos, cansados de la inseguridad en el área. En las imágenes, se puede ver cómo los asaltantes en un auto negro interceptan la camioneta de las víctimas que venía en dirección contraria.
Automáticamente, al menos cuatro delincuentes se bajaron y rodearon al hombre, apuntándolo con armas para que les diera su coche. Mientras dos de ellos amenazaban al conductor y lo obligaban a descender, otro abría la puerta del acompañante, y el cuarto vigilaba la parte trasera.
El propietario se bajó sin ofrecer resistencia con una mano sosteniendo a su hija pequeña y con la otra en alto para que no los lastimaran. Mientras se alejaba de la escena, uno de los ladrones metió sus manos en los bolsillos del afectado para sacarle algún objeto de valor. Durante el suceso, un malhechor apuntó alrededor con su arma y disparó en dos ocasiones, sin lesionar a nadie.
Secuencia delictiva
A los pocos minutos de consumado el asalto, un patrullero se acercó al lugar a efectuar la denuncia. No obstante, los delincuentes continuaron con lo delictivo a pocas cuadras del lugar, asaltando a un joven con la camioneta que minutos antes habían robado.
«Me llamó mi marido desde un teléfono desconocido y cuando lo atiendo me dijo que le habían robado. Me contó que salió a comprar con la bebé y cuando enseguida los vio se dio cuenta de que estaban armados», afirmó Débora, la pareja de la víctima. «‘Apenas lo vi me di vuelta a sacar a la beba’, me dijo. Cree que escuchó que uno de ellos dijo que estaba la beba ahí», relató.
La policía francesa acordonó este viernes el consulado iraní en París y se dispone a intervenir, tras ser informada por un testigo de la entrada de una persona con material explosivo, indicó una fuente de la prefectura.
«Un testigo vio a un hombre entrando con una granada o un cinturón explosivo», indicó una fuente de la prefectura de policía.
La fuente añadió que el prefecto de Policía de París, Laurent Nuñez, movilizó a una unidad de élite, y precisó que el consulado hizo el pedido de intervención.
El barrio donde se encuentra el consulado de Irán, en el distrito XVI, en el oeste de la capital francesa, está completamente cerrado al tráfico y en el lugar se desplegó un amplio dispositivo de policía, según comprobó un periodista de AFP.
Igualmente se interrumpió el tráfico en las líneas de metro 6 y 9, que pasan por la estación de Trocadero, la más cercana al consulado de Irán, según la empresa de transportes RATP.
El Gobierno de Ecuador declaró hoy como «objetivos militares» a 74 delincuentes que forman parte de estructuras criminales transnacionales que operan en el país, las cuales son combatidas por las fuerzas de seguridad en el marco del «conflicto armado interno» declarado contra el crimen organizado.
La lista con los nombres de los criminales y sus fotografías fue difundida por la Presidencia en redes sociales, bajo el título «Jamás seremos cómplices de la delincuencia».
Indicó que se trata de «los criminales más buscados» quienes pertenecen a los grupos delincuenciales: Fatales, Águilas, Mafia 18, Tiguerones, Latin King, Lobos, Chone Killer y Lagartos.
En la lista se encuentra Adolfo Macías, alias «Fito», principal capo del narcotráfico en el país, quien se fugó en enero pasado de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil (suroeste).
Fito, que aparece como miembro del grupo delictivo «Fatales», escapó sin dejar rastro y hasta el momento no ha sido localizado por las fuerzas de seguridad.
La lista de los criminales fue difundida por la Presidencia, después de que el jueves el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, informara que su Gobierno ha identificado a los «grandes capos» del narcotráfico que estarían operando en las ciudades y las zonas de frontera.
Desde enero pasado, Ecuador se encuentra en «conflicto armado interno» declarado por el Gobierno contra 22 grupos de crimen organizado calificados como «terroristas», tras una escalada de la violencia.
Estos grupos están dedicados a actividades de narcotráfico, secuestro y extorsión, según la Policía Nacional.
La espiral de violencia sin precedentes que vive Ecuador, ha llevado al país a ubicarse como uno de los más peligrosos de América Latina con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
«De muchos de ellos, nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres y dar su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y muy fuertes», dijo el mandatario.
