Internacionales
Aún sigue abierta la herida de la peor masacre migrantes en México a 9 años del suceso
“Queremos un lugar seguro al cual llamar hogar», dice la voz en off de una mujer que representa a los migrantes asesinados en su camino por México para llegar a Estados Unidos. El 24 de agosto de 2010, el Ejército encontró en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos tirados bocabajo, eran 58 hombre y 14 mujeres.
Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados. Murieron de un disparado por la espalda. Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas habían secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU.
Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir. Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza.
Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.
Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.
Para Gary Moore, un periodista especializado en incidentes humanitarios internacionales que investigó sobre el caso en 2011, estos asesinatos son la mayor matanza registrada en un solo acontecimiento desde la Revolución Mexicana.
Hasta la fecha no hay condenados por la masacre. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo hace un año que había 11 procesados y una orden de aprehensión pendientes, pero ninguna sentencia por este delito de lesa humanidad.
En el octavo aniversario del asesinato, el gobierno otorgó una indemnización económica a una víctima directa y 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos. Jaime Rochín del Rincón, entonces comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que esto representaba el «reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre».
La indemnización económica forma parte del proceso de reparación del daño, una de las obligaciones internacionales que tienen el Estado mexicano con víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera medida para la búsqueda de justicia en este caso, pero hasta la fecha sigue inconcluso.
«Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron», dijo la salvadoreña Mirna Solórzano en 2017 al diario español El País.
Después de que los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando fueran encontrados se descubrieron 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio de Tamaulipas en 2011. Un año después se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.
La lucha de los familiares ha sido acompañada por la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, creada en 2011 con sede Ciudad de México y representantes en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para conmemorar el noveno aniversario de la masacre de San Fernando, la Fundación para la Justicia hizo un video donde recuerdan, entre otras cosas, que hay «más de 72 deudas con la verdad y la justicia». La voz en off continúa: «La gente no se pierde de este planeta, no se escapa por la estratósfera. Quien no está aquí, quien hace falta, quien está desaparecida, desaparecido, sólo puede estar en esta tierra, sólo nos puede hacer falta en esta tierra. Quienes caminamos aquí, no nos perdemos. Yo habito aquí en la memoria. Yo habito aquí hasta que me encuentren. Yo habito aquí en la tierra. Y ustedes habitan aquí rotos».
Internacionales
Decenas de terremotos sacuden región china de Taiwán semanas después de un sismo mortal
Decenas de terremotos de una magnitud máxima de 6,3 sacudieron entre el lunes y el martes la isla de Taiwán, cuyo gobierno lo atribuyó a réplicas de un gran terremoto que dejó 17 muertos a principios de mes.
Las sacudidas más fuertes tuvieron lugar con seis minutos de diferencia alrededor de las 02H30 (18H30 GMT), con magnitudes de 6 y 6,3 según la Administración Meteorológica Central de Taiwán.
Los sismos comenzaron alrededor de las 17H00 del lunes y para las 10H30 de la mañana siguiente, la Administración Meteorológica Central indicó que se habían registrado más de 200 temblores.
Todos ellos se originaron en el condado montañoso de Hualien, en el este, epicentro del terremoto del 3 de abril, el «más fuerte en 25 años» en esta isla, con una magnitud 7,4.
Las autoridades señalaron que hasta ahora no se registraron víctimas, aunque las continuas sacudidas hicieron pasar la noche en vela a muchos habitantes de Taipéi, a unos 150 kilómetros del epicentro.
«Estaba demasiado asustado para moverme y me quedé en la cama», dijo a la AFP el oficinista Kevin Lin, de 53 años, que se pasó la noche despierto.
Sobre las 08H00 de la mañana del martes, un temblor de magnitud 5,8 volvió a golpear la isla, justo cuando los habitantes se dirigían a sus trabajos.
En la ciudad de Hualien, un hotel que había resultado dañado en el terremoto de principios de mes quedó inclinado después de esta serie de sismos, según imágenes obtenidas por la AFP.
«Por favor, salgan por seguridad. Evacuemos primero, ¿de acuerdo? ¿Queda alguien dentro? Por favor, bajen», gritaba un bombero a los habitantes de los edificios cercanos.
Las autoridades de este montañoso condado anunciaron que las escuelas y las oficinas permanecerían cerradas el martes debido a las continuas réplicas.
¿Aguantará mi edificio?
Un sismólogo del gobierno taiwanés dijo que el último enjambre de sismos se originó al sur del epicentro del terremoto grande de abril
El sismo del 3 de abril dejó 17 muertos y más de 1.100 heridos. En Hualien, la sacudida provocó numerosos desprendimientos de tierra que bloquearon carreteras y dañó gravemente algunos edificios de la ciudad.
Los sismólogos Judith Hubbard y Kyle Bradley indicaron que la actividad telúrica pareció trasladarse al sur del epicentro del 3 de abril.
Indicaron en su boletín «Earthquake Insights» que los últimos sismos parecen haber crecido en intensidad, al contrario de lo que suele ocurrir después de un terremoto grande, cuando las réplicas tienden a disminuir.
Después de ver las imágenes del hotel inclinado en Hualien, el oficinista Lin, de Taipéi, se preocupa por la seguridad de su edificio.
«Vivo en un apartamento de 40 años y me preocupa si puede aguantar tantos terremotos», afirma el hombre a la AFP.
A Olivier Bonifacio, un turista en la capital taiwanesa, la serie de terremotos lo sorprendieron en su hotel en el distrito Da’an de Taipéi.
«Entré en mi habitación y me di cuenta de que el edificio se balanceaba y oí crujir el escritorio», dijo.
En Taiwán son habituales los sismos, ya que la isla está ubicada cerca de la juntura de dos placas tectónicas.
El terremoto del 3 de abril tuvo cientos de réplicas. Fue el más fuerte en la isla desde 1999, cuando un sismo de magnitud 7,6 dejó 2.400 muertos.
La aplicación de reglas de construcción más estrictas desde entonces y la concienciación pública sobre cómo actuar ante estas situaciones evitaron una catástrofe mayor a principios de mes.
Un líder criminal acusado de amenazar de muerte a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, fue capturado el lunes, tres meses después de su fuga en medio de una violenta arremetida narco en el país.
Junto a cuatro personas, entre ellos dos reos que escaparon de la misma prisión y una hermana suya, el ecuatoriano Colón Pico fue detenido en un sector del pequeño poblado de Puerto Quito, a 160 km al noroeste de la capital.
«Hoy tenemos tres recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo» dentro del crimen organizado, expresó en rueda de prensa conjunta la ministra de Interior, Mónica Palencia, pieza clave del gobierno en su guerra contra las bandas narco.
Alias capitán Pico, uno de los capos de la agrupación Los Lobos y considerado un «objetivo de alto valor» por las autoridades, se fugó de una cárcel de Riobamba, en el centro andino, el 9 de enero en medio de una fuerte arremetida narco que dejó una veintena de muertos. La embestida llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de excepción, que duró 90 días y le permitió movilizar a los militares a las calles.
Las autoridades sospechan que Los Lobos participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en agosto pasado por sicarios colombianos al salir de un mitin de campaña en Quito.
Fotografías de la captura muestran a Pico con el cabello teñido de rubio, esposado y rodeado de uniformados.
«Recibidos a bala»
Durante la captura, los uniformados «fueron recibidos a bala» cuando trataban de entrar a una finca cacaotera donde estaba el fugitivo, indicó el comandante de la policía, general César Zapata.
Pico había sido detenido el 5 de enero acusado del delito de secuestro (al hijo de un narcotraficante) y de urdir un plan para asesinar a Salazar, la fiscal que destapó los nexos del narco con políticos, jueces y entidades del Estado.
Tras el golpe a Los Lobos, las autoridades buscan todavía al líder de Los Choneros, una de las mayores bandas del país, fugado de una prisión del puerto de Guayaquil (suroeste). Adolfo Macías, alias «Fito», estaba preso desde 2011, condenado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
La ausencia de Fito, quien no ha sido recapturado, fue detectada durante una inspección de la fuerza pública en la penitenciaria el 7 de enero.
«No vamos a descansar hasta tenerles en las rejas a todos estos terroristas que están causando problemas», manifestó Zapata.
La fuga del cabecilla de Los Choneros desencadenó varias jornadas de terror en Ecuador, ante lo que Noboa declaró el conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas «terroristas» y «beligerantes».
En esos días de enero las bandas embistieron con violencia en respuesta a las medidas excepcionales del gobierno, con amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, detonaciones de autos bomba y la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios y policías dentro de las prisiones.
La prioridad: seguridad
La recaptura de Pico se produjo luego del referendo del domingo, en el que el gobierno logró el apoyo para fortalecer su guerra contra el crimen organizado con la extradición de ecuatorianos a otros países y el incremento de penas para delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.
«El pueblo nos habló de manera clara y concisa, y nos dijo que su prioridad es la seguridad, y estamos trabajando en ello», dijo la ministra Palencia.
Según la jefa de la cartera, la seguridad ha mejorado a pesar de que se registraron 92 homicidios en la última semana: dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes en una zona minera, donde operan Los Lobos, y el director de una cárcel también murió en un atentado el domingo.
En la primera semana de enero se produjeron unas 200 muertes.
Ecuador está en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y hace años dejó de ser una isla de paz para convertirse en un punto estratégico para las operaciones de bandas con nexos con carteles de México y Colombia, así como con la mafia albanesa.
La violencia entre las agrupaciones que se disputan el poder generó el récord de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. Las cárceles, controladas desde enero por militares, han sido escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas en los que han muerto más de 460 presos desde 2021.
Jesús Buffarini, futbolista del club Recreativo Unión de Olaeta de la Liga Regional de Río Cuarto de la provincia argentina de Córdoba, fue asesinado la madrugada del domingo por tres personas que le dieron una golpiza a la salida de una discoteca, informa La Nación.
El deportista, de 23 años, fue encontrado herido por unos amigos, quienes alertaron a los servicios de emergencia. Buffarini fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano, pero pese a los esfuerzos médicos murió horas después debido a las graves heridas en el tórax y la cabeza.
Tras confirmarse la muerte del joven, la Policía catalogó el crimen de homicidio preterintencional y dio inicio a la búsqueda de los implicados. Un hombre identificado como Federico C., también de 23 años, fue detenido como sospechoso mientras continúa la búsqueda de los demás involucrados, quienes ya han sido identificados.
Asimismo, las autoridades se encuentran investigando las circunstancias de la golpiza para determinar si se trató de una riña iniciada al interior de la discoteca o de una emboscada. Por su parte, varios clubes de la región han publicado sentidos mensajes, expresando sus condolencias por la muerte del jugador.
Expresiones de #IndependienteDolores, #SantaPaula y #UniondeOlaeta.
Clubes de la #LRFRC donde jugo Jesus Buffarini, quién falleció está mañana en General Cabrera asesinado luego de una salida a un boliche.
Justicia. pic.twitter.com/v8eKIfSyPX— Rodri Riquelme (@rodririquelme8) April 22, 2024
